Después de tres años las autoridades judiciales siguen resolviendo acciones judiciales presentadas en contra del fallo de la Corte Constitucional que fijó un límite para las pensiones de los magistrados de las altas cortes y los congresistas. Era evidente que el tope de 18 millones de pesos mensuales no iba a gustar mucho para los que en su tiempo recibían una pensión superior a los 25 millones de pesos.
Uno de esos casos es el del excongresista Pablo Victoria quien emprendió una lucha judicial para que se le reconocieran sus derechos adquiridos. El proceso presentó una serie de traspiés en las diferentes instancias. Hace un año la Sección Quinta del Consejo de Estado revivió su pensión y le ordenó al Fondo de Previsión Social del Congreso para que se hiciera el reajuste de la mesada pensional a Victoria.
La entidad afectada presentó una acción en contra de esta determinación la cual fue resuelta por la Sección Primera del Consejo de Estado. En su determinación consideró que los derechos al mínimo vital y el de su núcleo familiar no se veían afectados con el reajuste hecho por orden de la Corte Constitucional para las mesadas pensionales.