La decisión proferida esta semana por la sección quinta del Consejo de Estado, en el sentido de anular la elección de Aída Merlano como senadora, al considerar que los votos que alcanzó el 11 de marzo de 2018 no son válidos, en razón a la presunta compra de votos que habría fraguado desde su sede de campaña, es un referente cuya importancia no puede perderse de vista de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre. En la decisión se expresa como fundamento de la nulidad decretada que: “Se afectó la pureza del sufragio y la libertad de los votantes, por lo que es claro para la Sala que se han desconocido los artículos 40 numeral 1 y 258 de la Constitución Política que consagran el derecho a elegir y ser elegido y a que el voto sea libre y secreto, además, de todos los principios democráticos de orden constitucional que rigen la materia electoral”. La compra de votos en efectivo con el rótulo de estar contratando “activistas”, se ha convertido en fenómeno de común ocurrencia en la ciudad de Ibagué y en el departamento. La práctica consiste en pagar dos y tres veces el valor de un jornal a un ciudadano presuntamente con el propósito de orientar a electores y pegar “stickers”, pero con la verdadera función de votar por un candidato y conducir a su familia al puesto de votación con el mismo propósito. Se dice incluso que en puestos de importancia se contratan hasta cien de estos llamados “activistas”. La práctica que menciono, conocida por todos y se ha venido convirtiendo en estrategia comúnmente aceptada, significa ni más ni menos, que la lucha por los cargos de elección popular se hace ahora con plata en efectivo y no con ideas o buenas intenciones. Lo nuevo consiste en que por primera vez y como referente histórico se anula una elección por compra de votos: ese es el detalle. Para purificar la política y darle cabida al referente de la nulidad de la elección de Aida Merlano, hay dos mensajes claros que es mi deseo transmitir: El primero dirigido a los actores políticos, para sugerirles que no acudan a estos mecanismos, no solo porque se trata de prácticas que apuñalan la democracia y prostituyen el derecho a elegir y ser elegidos; sino porque ahora ponen en riesgo el resultado de su proyecto político como lo dejó en claro el Consejo de Estado en el caso de la Congresista Merlano. El segundo dirigido a los ciudadanos que sean reclutados para ser utilizados en estas prácticas; rogándoles que le présten un servicio a su municipio y a su departamento: manténgase alerta, tome fotos, haga videos, deje evidencias de estas prácticas corruptas para usarlas cuando llegue el momento de acudir a las autoridades para denunciar estos delitos, pero sobre todo cuando llegue el momento de pedir la nulidad de los resultados electorales. Escríbanos a consulta@wilsonleal