El Congreso de Colombia ha promulgado la Ley 2418 de 2024, también conocida como la “Ley de Reserva de Plazas para Personas con Discapacidad”, una normativa que establece medidas afirmativas para garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sistema general de carrera administrativa. Esta Ley busca promover la igualdad de oportunidades y eliminar barreras que han dificultado el acceso al empleo público para este segmento de la población. Esta normativa introduce importantes modificaciones al régimen de acceso y ascenso en los concursos de la carrera administrativa, asegurando que las personas con discapacidad cuenten con un trato justo y equitativo en los procesos de selección para cargos públicos. Aspectos más relevantes de la Ley:
1. Redefinición del concepto de Carrera Administrativa: Se establece la admisibilidad de medidas diferenciales tendientes a garantizar la eliminación de barreras de acceso a la carrera administrativa para personas con discapacidad.
2. Reserva de Plazas: Se crea una reserva especial equivalente al 7% de las plazas a proveer en los concursos de méritos, la cual estará destinada para las personas con discapacidad. Esta medida se aplicará tanto en concursos de acceso como de ascenso, asegurando que este segmento de la población tenga una representación significativa en la administración pública.
3. Gratuidad en la Inscripción: Se establece la exención del pago de tasas por derechos de examen para las personas con discapacidad.
4. Ajustes Razonables: La normativa exige que todas las instituciones que participan en los concursos de méritos implementen ajustes razonables para asegurar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección.
5. Acreditación de la Discapacidad: Se establece un procedimiento claro y sin costo para la certificación de discapacidad, que deberá ser implementado por el Ministerio de Salud y Protección Social. De esta manera, se garantiza que todas las personas que lo necesiten puedan obtener el reconocimiento oficial de su condición sin enfrentar barreras adicionales. Esta normativa marca un avance significativo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva en Colombia. La ley no solo garantiza derechos fundamentales, sino que también impulsa un cambio cultural hacia la aceptación y valorización de la diversidad en todos los niveles del Estado. Se espera que su aplicación efectiva contribuya a reducir las brechas de desigualdad y a mejorar la calidad de vida de este segmento de la población.
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