Columna de Opinión | Derecho Administrativo

En la capital musical de Colombia, los funcionarios de libre nombramiento y remoción reciben, al posesionarse, un curioso “instrumento de gestión”: la renuncia en blanco. Firmada sin fecha, sin voluntad, pero lista para ser activada cuando el nominador lo considere oportuno, ya sea por capricho, cálculo político o simple antojo.

Esta práctica, que algunos llaman “protocolo”, no es ninguna novedad. Viene del gobierno anterior, donde se institucionalizó como un mecanismo de control disfrazado de cortesía administrativa. Lo grave es que la administración actual —que prometió transparencia y legalidad— decidió perpetuarla, dándole continuidad a una costumbre que degrada la función pública y desafía abiertamente el orden jurídico.

Firmar una renuncia sin voluntad actual no es un acto inocuo. Es una falsedad en documento privado (artículo 289 del Código Penal), y diligenciarla posteriormente para hacerla efectiva configura uso de documento falso. Pero la cosa no termina ahí: aceptar esa renuncia, sabiéndose inexistente, es un acto de prevaricato por acción. No se trata de interpretaciones rebuscadas; se trata de delitos tipificados, claros, evidentes.

Que el cargo sea de libre nombramiento y remoción no convierte al nominador en dueño del funcionario. La discrecionalidad es una facultad, no una licencia para fabricar documentos falsos. Si el nominador desea retirar a su subalterno, puede hacerlo mediante la insubsistencia, sin necesidad de recurrir a renuncias fantasma. Pero claro, hacerlo de frente exige asumir responsabilidades políticas. Prefieren la cobardía del papel firmado en blanco.

Y mientras en Ibagué se juega con las renuncias como si fueran fichas de dominó, Procuraduría la Fiscalía siguen esperando que alguien prenda las alarmas y los despierte de este falso paraíso en el que creen que vivimos. Lo más indignante es que esta aberración ha sido normalizada: funcionarios, ciudadanos y autoridades actúan como si fuera parte del “folclor administrativo”.

El mensaje es claro: en Ibagué, la gestion publica se gestiona con renuncias prepago, la legalidad se dobla según la conveniencia, y el mérito sirve para decorar discursos. El gobierno anterior abrió la puerta, y el actual se acomodó en el sillón. La cultura del “renuncie primero y luego vemos” sigue tocando su partitura.

Wilson Leal Echeverri

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