En el día de hoy voy a referirme a la movilización que el sector de transporte individual está desarrollando en la ciudad de Ibagué en estos momentos. La movilización es un instrumento legal y democrático que en este caso tiene un fundamento indiscutiblemente justo, por cuanto el Gobierno ha sido paquidérmico en la regulación de la presencia en el mercado de servicios de transporte ofrecidos a través de plataformas tecnológicas, que compiten de manera desequilibrada con los vehículos de servicios público que operan con altos costos de acceso por cupos y requisitos que no aplican a quienes ofrecen sus servicios en las plataformas. Eso es indiscutible. Pero que el reclamo sea completamente justo no lo hace oportuno. Resulta incuestionable que la ciudad, el país y el mundo, viven momentos de crisis, una crisis que no tiene antecedentes comparables en la vida de la mayoría de quienes habitamos en este planeta. Es absolutamente claro a ojos de cualquier observador, que la manera de afrontar la crisis de salud pública que se ve venir, es limitando al máximo el contacto interpersonal. Asumo que en el momento en que se programó la movilización las circunstancias actuales no eran previsibles; pero hoy, resulta sencillamente absurdo mantener en vigencia un mecanismo de participación que sin lugar a dudas ocasionará mayor aglomeración en el transporte público, represamiento de vehículos y personas en las zonas intervenidas, presencia de la fuerza pública en espacios de conglomeración entre otros efectos nocivos en términos sociales. Tan obvia es esta consideración que las organizaciones de taxistas en el orden nacional, levantaron la actividad; decisión que no fue acatada por el gremio en Ibagué. Uno de los problemas con los que debe combatir el gremio transportador individual, tal vez el mayor, es la mala percepción que tienen del servicio que prestan, algunos sectores de la opinión y de sus usuarios; por ello mantener una movilización en estas condiciones es sencillamente dispararse en el pie. Por su parte las autoridades que tienen la obligación de preservar la salubridad y seguridad públicas, no podrán en esta oportunidad sentarse a esperar que la protesta concluya. Actuaciones como las que comento en momentos en los que la aglomeración es un peligro deben ser asumidas por la fuerza pública como lo que son: un atentado contra la salud de todos, incluso la de los manifestantes. Ya habrá tiempo para movilizarse cuando la crisis colectiva haya pasado. Escribanos a consulta@wilsonleal.com