La nación (Policía Nacional) fue condenada a pagar una indemnización a los familiares de Luis Enrique Cárdenas quien murió como consecuencia de un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional y militantes del grupo subversivo de las FARC en hechos ocurridos en el año 2007 en Venadillo – Tolima.

Los hechos de la demanda relatan que el 16 de junio de 2007, Cárdenas se encontraba al interior de su vivienda junto con algunos de sus familiares. En ese momento, se inició una confrontación armada entre agentes de la Policía Nacional y guerrilleros de las FARC quienes pretendían, además de dar de baja a los primeros, hacerse con los suministros y material de intendencia de la fuerza pública por lo que, ante la agresión, los servidores estatales tuvieron que responder militarmente a la acción subversiva. En medio del fuego cruzado el Sr. Luis Enrique fue impactado por un proyectil que finalmente acabaría con su vida.

La familia del difunto inició la demanda respectiva con el fin de ser reparados por los perjuicios sufridos con ocasión del deceso de su ser querido. En primera instancia el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión de esta ciudad accedió a las pretensiones, condenando a la Nación a indemnizarlos, toda vez que fue demostrado que el ataque perpetrado por los guerrilleros iba dirigido en contra de la Policía Nacional la cual expuso a un riesgo inminente a la población civil, con el resultado conocido.

La Policía Nacional apeló la sentencia proferida por el Juzgado al considerar que no se ajustaba a derecho, por lo que el caso se sometió al estudio del Tribunal Administrativo del Tolima quien luego de surtido el trámite legal confirmó la responsabilidad de la Nación por la muerte del Sr. Luis Enrique Cárdenas atribuyendo a título de daño especial la responsabilidad administrativa del Estado, por lo que éste debe reparar de forma íntegra los daños sufridos por sus familiares, recordando que los perjuicios sufridos por la población con ocasión de enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y grupos al margen de la ley donde los primeros sean el objetivo, da lugar a una responsabilidad patrimonial del Estado en virtud del principio de solidaridad e igualdad.