El día 19 de diciembre el Presidente de la República sancionó la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados.

La iniciativa legislativa del gobierno nacional generó inmensa preocupación en la licoreras departamentales que consideraron que la regulación pone en peligro la existencia de dichas entidades al someterlas a la competencia directa de los licores nacionales e internacionales.

Entre los aspectos más relevantes de la regulación se señalan como licores destilados las bebidas alcohólicas con una graduación superior a 15 grados alcoholimétricos a 20°C, que se obtiene destilación de bebidas fermentadas o mostos fermentados, alcohol vínico, holandas o por mezclas de alcohol rectificado neutro o aguardientes con sustancia de origen vegetal, o con extractos obtenidos con infusiones, percolaciones o maceraciones que le den distinción al producto, además, con adición de productos derivados lácteos, frutas, vino o vino aromatizado.

Desde el punto de vista impositivo, el impuesto al consumo de licores se liquidará con dos componentes a saber:

  1. Componente Específico: cuya tarifa aplicable a licores, aperitivos y similares por cada grado alcoholimétrico en unidad centímetros cúbicos o su equivalente, será de $220, en tanto que la tarifa aplicable para vinos y aperitivos vínicos será de $150 en unidad de 750 centímetros cúbicos o su equivalente.
  2. Componente ad Valorem: el cual para licores, aperitivos y similares, se liquidará aplicando una tarifa del 25% sobre precio de venta al público, antes impuestos y/o participación, certificado por el DANE y del 20 % sobre  vinos y aperitivos vínicos.

La nueva ley establece que las asambleas departamentales, por iniciativa del gobernador sustentada en un estudio de conveniencia económica y rentística, decidirán si ejercen o no el monopolio sobre la producción e introducción de los licores destilados, no obstante;  no se podrá establecer un monopolio hasta que no  hayan sido plenamente indemnizados los individuos que queden privados del ejercicio de una actividad económica lícita.

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